EL TERCER SECTOR: ASOCIACIONISMO

El tercer sector de Acción Social está integrado por aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que, sin perder su función de denuncia, reivindicación y sensibilización, son prestadoras de servicios sociales, educativos, de vivienda, de salud, etc, en colaboración con la Administración pública, pero sin que ésta pierda, ni delegue, en ningún momento, su responsabilidad sobre la provisión, al conjunto de la ciudadanía, de estos servicios. Hablamos de entidades como Proyecto Hombre, Cáritas Diocesana, Fundación Cepaim, Colectivo Paréntesis, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano y AFA-ALCALÁ entre muchas otras más…

Si la solidaridad consiste en no dejar solos a los demás con sus problemas, estamos hablando de un conjunto de asociaciones, fundaciones y cooperativas sociales.

Son organizaciones no lucrativas que desarrollan acciones y servicios de interés general, que fabrican ciudadanía, que construyen cohesión e inclusión social, que luchan contra la pobreza y la discriminación, evitando que los colectivos más sensibles de nuestra sociedad queden al margen de unos niveles mínimos de bienestar social, llegando donde la Administración Pública, ni el mercado pueden hacerlo.

No es posible el crecimiento sin cohesión social. Desde este punto de vista, el trabajo que el llamado tercer sector de acción social y la economía social en general desarrollan es esencial.

Por ello, la apuesta por su refuerzo y estabilidad debería ser una de las prioridades en la agenda política del Gobierno y, más aún en el actual escenario de crisis económica en el que se reduce el presupuesto, pero aumentan y de qué manera, las necesidades sociales de los sectores de población más vulnerables.

Cada euro que dediquemos a financiar los servicios públicos gestionados por el tercer sector de acción social, no será un gasto sino una de las mejores inversiones colectivas que podemos hacer, no en beneficio de unos pocos, sino en beneficio colectivo. El propio mercado, desde los principios de responsabilidad social empresarial, debería invertir, conjuntamente con la Administración pública en las políticas de cohesión e inclusión social.

El modelo mixto de implantación del sistema de bienestar social español y su reciente expansión ha colaborado en el crecimiento del tercer sector de acción social. Las administraciones públicas están externalizando, cada vez más, la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública hacia la gestión de organizaciones sociales. Los gobiernos recurren a las organizaciones sociales por variadas razones:

-        por parecer menos intervensionistas

-        por ahorrar recursos públicos, dado que si se realizarán directamente serían tres veces más costosos

-        pero también por aprovechar la mayor experiencia y contacto con la realidad social de las organizaciones del tercer sector.

Se hace verdaderamente difícil comprender, que con el papel esencial que el tercer sector de acción social está jugando en la Región, tenga tan escasa representación en los espacios de interlocución y diálogo social y civil con la Administración regional.

Es imposible llegar a entender el motivo que posibilita, que el actual modelo de financiación de los servicios de responsabilidad pública y de interés general, que desarrollan las organizaciones del tercer sector, se base, casi en exclusiva, en las convocatorias anuales de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Convocatorias de subvenciones, que se publican bien avanzado el año, se resuelven al final de la anualidad y se pagan excesivamente tarde, en muchas ocasiones hasta con una anualidad de retraso. ¿Qué empresa podría planificar en estas condiciones?

Modelo de financiación que está ocasionando un déficit en la calidad de las prestaciones, un menor impacto social, un gasto excesivo en la gestión, una peor atención a la población en riesgo de exclusión social, un mal aprovechamiento de los recursos puestos en juego, la descoordinación de los mismos y la perdida de empleo en un sector que conforma uno de los mayores yacimientos de empleo.

Es urgente dotar al tercer sector de acción social en la Región de un marco que lo regule, que se reconozcan sus funciones de interés social, al tiempo que se le dote de la representatividad e interlocución que merece. Igualmente, desde estos espacios de interlocución debería acordarse un nuevo modelo de financiación de las políticas sociales que gestionan, que garantice la disponibilidad anticipada de los recursos, la plurianualidad de los mismos, la suficiente dotación económica, la calidad en los servicios que se prestan, la transparencia en la gestión y la evaluación del impacto social que producen sus actuaciones en beneficio del conjunto de la ciudadanía.